Desde hace unos pocos lustros España cuenta con sendas leyes de patrimonio natural y patrimonio histórico que responden a la preocupación que, en línea con los países de nuestro entorno, sentimos los españoles por proteger el medio ambiente en que nos desenvolvemos y los rasgos y manifestaciones culturales que nos distinguen como pueblo. Ambos textos constituyen un marco de referencia, pero en la práctica su aplicación se focaliza en espacios y monumentos de particular relevancia y, por tanto, demandantes de especial protección, de cuyo mantenimiento y gestión son responsables sus titulares, sean públicos o privados.
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